Subsidios Condicionados
Mi respuesta al desafio sobre subsidios condicionados de Auntos del Sur se puede leer aqui.
Discriminacion y Pobreza en Mexico (Junio 2005)
Agencia de Información Solidaria
16 de junio de 2005
A pesar de los avances que recientemente se han tenido en el combate a la pobreza en México, la proporción de la población que se encuentra en esta condición sigue siendo demasiad elevada para el tamaño de su economía. Desde hace mucho tiempo, tanto académicos como funcionarios gubernamentales han reconocido que la pobreza no es un fenómeno exclusivamente económico y que hay una gran variedad de factores interrelacionados que la determinan. Quizá uno de los factores menos estudiados y por tanto menos comprendidos es el de los diferentes tipos de discriminación que se pueden observar en una sociedad.
A finales del pasado mes de mayo, el gobierno mexicano dio a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, el primer esfuerzo científicamente riguroso que se hace de manera oficial por conocer la magnitud y características de este problema en el país. La publicación de la encuesta ha generado un amplio debate, ya que sus resultados revelan que los grupos vulnerables o minoritarios de la población enfrentan una situación muy preocupante.
Una realidad no reconocida
A primera vista, parecería que la sociedad mexicana es abierta e incluyente, ya que la gran mayoría de los encuestados respondió que estaría en desacuerdo con negarle el empleo a una mujer embarazada, forzar a un niño a trabajar, negar algún servicio público a una persona indígena, o que el gobierno disminuyera los costos de la seguridad social eliminando servicios sanitarios especiales para los discapacitados.
Sin embargo, al realizar preguntas que entran a mayor profundidad en los temas, la encuesta desvela resultados alarmantes. Por citar algunos ejemplos, el 60 por ciento de los mexicanos opina que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente y que da miedo acercarse a ellos por su aspecto; casi el 50 por ciento no aceptaría que en su casa viviera un homosexual; 40 por ciento está dispuesto a organizarse con otras personas para impedir que un grupo de indígenas se estableciera cerca de su comunidad; el 41 por ciento opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como las demás y casi el 40 por ciento piensa que las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo.
Las anteriores respuestas se derivan de la primera mitad de la encuesta, que se aplicó a la población en general. Una segunda parte consistió en encuestar a miembros de distintos grupos vulnerables o minoritarios. Los resultados de esta sección confirman la gravedad de la discriminación en México. Nueve de cada diez mujeres, indígenas, discapacitados, ancianos, homosexuales y pertenecientes a minorías religiosas consideran que en México existe discriminación hacia las personas de su condición. Además, una de cada 3 personas pertenecientes a estos grupos declaró haber sufrido personalmente algún tipo de discriminación.
Discriminación al débil
En el tema particular de la discriminación hacia las mujeres, se puede concluir que en México persiste una cultura machista. Uno de cada cinco mexicanos considera que es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres, uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Además, una de cada cinco mujeres opina que son las propias mujeres las responsables de que se les discrimine.
El principal ámbito en el que se presenta la discriminación es en el trabajo, lo cual resulta tanto en menores oportunidades de empleo como en menores salarios percibidos por los miembros de grupos vulnerables o minoritarios. El acceso no igualitario al mercado laboral tiene efectos sobre el ingreso y el bienestar. Lo anterior explica por qué, además de ser moralmente inaceptable, la discriminación es uno de los principales obstáculos para la eliminación de la pobreza.
Sin duda, el primer paso para la resolución de un problema es el reconocimiento de su existencia, en ese sentido la publicación de esta encuesta es un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad incluyente en México. Sin embargo, es igualmente importante que se siga una política activa para la reducción de la discriminación, no sólo en el ámbito legal y regulatorio, sino también en el mundo laboral, los medios de comunicación y las escuelas, entre otros. Sólo de esta manera se logrará cambiar concepciones profundamente engranadas en el pensamiento de las personas que constituyen el cimiento de las conductas discriminatorias.
16 de junio de 2005
A pesar de los avances que recientemente se han tenido en el combate a la pobreza en México, la proporción de la población que se encuentra en esta condición sigue siendo demasiad elevada para el tamaño de su economía. Desde hace mucho tiempo, tanto académicos como funcionarios gubernamentales han reconocido que la pobreza no es un fenómeno exclusivamente económico y que hay una gran variedad de factores interrelacionados que la determinan. Quizá uno de los factores menos estudiados y por tanto menos comprendidos es el de los diferentes tipos de discriminación que se pueden observar en una sociedad.
A finales del pasado mes de mayo, el gobierno mexicano dio a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, el primer esfuerzo científicamente riguroso que se hace de manera oficial por conocer la magnitud y características de este problema en el país. La publicación de la encuesta ha generado un amplio debate, ya que sus resultados revelan que los grupos vulnerables o minoritarios de la población enfrentan una situación muy preocupante.
Una realidad no reconocida
A primera vista, parecería que la sociedad mexicana es abierta e incluyente, ya que la gran mayoría de los encuestados respondió que estaría en desacuerdo con negarle el empleo a una mujer embarazada, forzar a un niño a trabajar, negar algún servicio público a una persona indígena, o que el gobierno disminuyera los costos de la seguridad social eliminando servicios sanitarios especiales para los discapacitados.
Sin embargo, al realizar preguntas que entran a mayor profundidad en los temas, la encuesta desvela resultados alarmantes. Por citar algunos ejemplos, el 60 por ciento de los mexicanos opina que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente y que da miedo acercarse a ellos por su aspecto; casi el 50 por ciento no aceptaría que en su casa viviera un homosexual; 40 por ciento está dispuesto a organizarse con otras personas para impedir que un grupo de indígenas se estableciera cerca de su comunidad; el 41 por ciento opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como las demás y casi el 40 por ciento piensa que las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo.
Las anteriores respuestas se derivan de la primera mitad de la encuesta, que se aplicó a la población en general. Una segunda parte consistió en encuestar a miembros de distintos grupos vulnerables o minoritarios. Los resultados de esta sección confirman la gravedad de la discriminación en México. Nueve de cada diez mujeres, indígenas, discapacitados, ancianos, homosexuales y pertenecientes a minorías religiosas consideran que en México existe discriminación hacia las personas de su condición. Además, una de cada 3 personas pertenecientes a estos grupos declaró haber sufrido personalmente algún tipo de discriminación.
Discriminación al débil
En el tema particular de la discriminación hacia las mujeres, se puede concluir que en México persiste una cultura machista. Uno de cada cinco mexicanos considera que es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres, uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Además, una de cada cinco mujeres opina que son las propias mujeres las responsables de que se les discrimine.
El principal ámbito en el que se presenta la discriminación es en el trabajo, lo cual resulta tanto en menores oportunidades de empleo como en menores salarios percibidos por los miembros de grupos vulnerables o minoritarios. El acceso no igualitario al mercado laboral tiene efectos sobre el ingreso y el bienestar. Lo anterior explica por qué, además de ser moralmente inaceptable, la discriminación es uno de los principales obstáculos para la eliminación de la pobreza.
Sin duda, el primer paso para la resolución de un problema es el reconocimiento de su existencia, en ese sentido la publicación de esta encuesta es un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad incluyente en México. Sin embargo, es igualmente importante que se siga una política activa para la reducción de la discriminación, no sólo en el ámbito legal y regulatorio, sino también en el mundo laboral, los medios de comunicación y las escuelas, entre otros. Sólo de esta manera se logrará cambiar concepciones profundamente engranadas en el pensamiento de las personas que constituyen el cimiento de las conductas discriminatorias.
Países ricos, niños pobres (Mayo 2005)
AGENCIA DE INFORMACIÓN SOLIDARIA
Viernes, 13 de mayo de 2005
Es un hecho comúnmente asumido que la pobreza infantil en el mundo desarrollado es baja y tiende a disminuir. Sin embargo, no es el caso en todos los países considerados ricos por sus niveles de ingreso. De acuerdo con un estudio publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 13 de los 22 países altamente industrializados del mundo, la pobreza infantil aumentó durante los noventa. De estos países, el índice más alto lo tiene Estados Unidos con 21.9% de los niños en situación de pobreza.
El estudio utiliza una definición que considera pobres a los niños que disponen de ingresos menores a la mitad del promedio de la sociedad, suponiendo una distribución equitativa de los ingresos al interior de la familia. Dicha medida puede ser interpretada como “el punto por debajo del cual los niños no pueden permitirse tener las cosas que aquellos de su alrededor consideran como normales y necesarias”.
Preocupantes algunos G-7
Los casos más preocupantes son los de aquellos países en los que el nivel de pobreza infantil es alto y está creciendo, por ejemplo, algunos miembros del G-7 como Alemania, Italia y Japón, en los que el porcentaje de niños pobres va del 10% al 17% y tuvo un crecimiento mayor del 2% durante la última década. Los países nórdicos destacan por sus bajos índices de pobreza infantil, y entre estos, Noruega, el único país que se puede describir como “de pobreza muy baja y en continua disminución”. También sobresalen algunos países que normalmente son descritos como casos de éxito por su acelerado crecimiento económico reciente, pero que caen en el grupo de países con pobreza infantil alta y creciente como Irlanda, Portugal y España que registran índices de entre 13 y 16% y tasas de crecimiento de la pobreza infantil de entre 2.5 y 3%.
Existen tres grandes factores que influyen en el nivel y desempeño de la pobreza infantil: las tendencias sociales, las condiciones del mercado laboral y las políticas gubernamentales. Las relaciones entre estos tres determinantes son complejas y difíciles de predecir, sin embargo, sólo entendiendo estas interrelaciones pueden explicarse las grandes diferencias encontradas de país a país.
Los padres
El impacto de los cambios sociales en la pobreza infantil es mixto. Por un lado, el aumento de la edad y el nivel de educación promedio de los padres, así como la disminución del número promedio de niños por familia tienden a incrementar los recursos económicos disponibles para los niños. Por el otro, la mayor proporción de familias con un solo padre aumenta la vulnerabilidad de los niños y por tanto su riesgo de caer en pobreza.
La dinámica del mercado laboral también tiene elementos que contribuyen a la disminución de la pobreza infantil como el aumento en la proporción de madres que tienen un empleo pagado y el mayor número de niños cuyos padres tienen estudios universitarios. Sin embargo, estas tendencias son contrarrestadas por el deterioro de los salarios de las familias que se encuentran en el extremo inferior de la escala de ingresos. Un claro ejemplo de lo anterior es Italia, donde los menores ingresos de los hogares pobres han afectado tanto a los padres como a las madres. Para los hogares que constituyen el 10 por ciento más pobre del país, los salarios de las madres han caído en un 33% y los de los padres en un 20%. Esto explica en parte que una de las economías más grandes del mundo tenga un nivel de pobreza infantil tan elevado y que sigue creciendo.
Sin embargo, el principal determinante de los cambios en la pobreza infantil en los países ricos es la política gubernamental. Los gobiernos de los países más exitosos llevan a cabo intervenciones que reducen la pobreza infantil en un 80%, mientras que las políticas de los de peor desempeño sólo han conseguido reducciones de entre 10% y 15%. Otra demostración del potencial que tiene la política social de los gobiernos es el hecho de que ningún país rico que dedica al menos el 10% o más del PIB a transferencias sociales tiene una pobreza infantil superior al 10%; mientras que ningún país que dedica menos del 5% tiene una tasa de pobreza infantil menor al 15%.
Con base en estos hallazgos, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos de países ricos a comprometerse con objetivos y plazos realistas para una reducción progresiva de la pobreza infantil. Para la mayoría de esos países, un objetivo realista sería reducir la pobreza infantil por debajo del 10%, y para los seis que ya han cumplido ese objetivo, la siguiente meta sería emular a los países nórdicos y reducir la tasa de pobreza infantil por debajo del 5%.
Viernes, 13 de mayo de 2005
Es un hecho comúnmente asumido que la pobreza infantil en el mundo desarrollado es baja y tiende a disminuir. Sin embargo, no es el caso en todos los países considerados ricos por sus niveles de ingreso. De acuerdo con un estudio publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 13 de los 22 países altamente industrializados del mundo, la pobreza infantil aumentó durante los noventa. De estos países, el índice más alto lo tiene Estados Unidos con 21.9% de los niños en situación de pobreza.
El estudio utiliza una definición que considera pobres a los niños que disponen de ingresos menores a la mitad del promedio de la sociedad, suponiendo una distribución equitativa de los ingresos al interior de la familia. Dicha medida puede ser interpretada como “el punto por debajo del cual los niños no pueden permitirse tener las cosas que aquellos de su alrededor consideran como normales y necesarias”.
Preocupantes algunos G-7
Los casos más preocupantes son los de aquellos países en los que el nivel de pobreza infantil es alto y está creciendo, por ejemplo, algunos miembros del G-7 como Alemania, Italia y Japón, en los que el porcentaje de niños pobres va del 10% al 17% y tuvo un crecimiento mayor del 2% durante la última década. Los países nórdicos destacan por sus bajos índices de pobreza infantil, y entre estos, Noruega, el único país que se puede describir como “de pobreza muy baja y en continua disminución”. También sobresalen algunos países que normalmente son descritos como casos de éxito por su acelerado crecimiento económico reciente, pero que caen en el grupo de países con pobreza infantil alta y creciente como Irlanda, Portugal y España que registran índices de entre 13 y 16% y tasas de crecimiento de la pobreza infantil de entre 2.5 y 3%.
Existen tres grandes factores que influyen en el nivel y desempeño de la pobreza infantil: las tendencias sociales, las condiciones del mercado laboral y las políticas gubernamentales. Las relaciones entre estos tres determinantes son complejas y difíciles de predecir, sin embargo, sólo entendiendo estas interrelaciones pueden explicarse las grandes diferencias encontradas de país a país.
Los padres
El impacto de los cambios sociales en la pobreza infantil es mixto. Por un lado, el aumento de la edad y el nivel de educación promedio de los padres, así como la disminución del número promedio de niños por familia tienden a incrementar los recursos económicos disponibles para los niños. Por el otro, la mayor proporción de familias con un solo padre aumenta la vulnerabilidad de los niños y por tanto su riesgo de caer en pobreza.
La dinámica del mercado laboral también tiene elementos que contribuyen a la disminución de la pobreza infantil como el aumento en la proporción de madres que tienen un empleo pagado y el mayor número de niños cuyos padres tienen estudios universitarios. Sin embargo, estas tendencias son contrarrestadas por el deterioro de los salarios de las familias que se encuentran en el extremo inferior de la escala de ingresos. Un claro ejemplo de lo anterior es Italia, donde los menores ingresos de los hogares pobres han afectado tanto a los padres como a las madres. Para los hogares que constituyen el 10 por ciento más pobre del país, los salarios de las madres han caído en un 33% y los de los padres en un 20%. Esto explica en parte que una de las economías más grandes del mundo tenga un nivel de pobreza infantil tan elevado y que sigue creciendo.
Sin embargo, el principal determinante de los cambios en la pobreza infantil en los países ricos es la política gubernamental. Los gobiernos de los países más exitosos llevan a cabo intervenciones que reducen la pobreza infantil en un 80%, mientras que las políticas de los de peor desempeño sólo han conseguido reducciones de entre 10% y 15%. Otra demostración del potencial que tiene la política social de los gobiernos es el hecho de que ningún país rico que dedica al menos el 10% o más del PIB a transferencias sociales tiene una pobreza infantil superior al 10%; mientras que ningún país que dedica menos del 5% tiene una tasa de pobreza infantil menor al 15%.
Con base en estos hallazgos, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos de países ricos a comprometerse con objetivos y plazos realistas para una reducción progresiva de la pobreza infantil. Para la mayoría de esos países, un objetivo realista sería reducir la pobreza infantil por debajo del 10%, y para los seis que ya han cumplido ese objetivo, la siguiente meta sería emular a los países nórdicos y reducir la tasa de pobreza infantil por debajo del 5%.
Entrevista con Juan Carlos Moreno Brid, asesor regional de la CEPAL (Septiembre 2004)
“Una segunda generación de reformas en América Latina me parece errada"
Entrevista con Juan Carlos Moreno Brid, asesor regional de la CEPAL
Agencia de Información Solidaria 9 de septiembre de 2004
Tras dos décadas de reformas económicas en América Latina, aparte de las correcciones de la inflación y los déficit fiscales, de poco se puede presumir. Es la valoración que Juan Carlos Moreno Brid, asesor regional en la subsede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en México DF, hace del panorama económico latinoamericano. Las soluciones apuntadas: inversión y reformas estructurales para la región. Sin embargo, para Moreno Brid no es suficiente: “la Inversión Extranjera Directa (IED) por sí misma no es una panacea para un crecimiento económico sólido y sostenido”.
¿Cuál es su valoración del estado de la economía mundial?
La economía mundial es, en estos momentos, como un avión de tres motores en el que sólo funciona uno, y con dificultades. Esos tres motores son Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, de los cuales, sólo Estados Unidos tiene un desempeño más bien dinámico, aunque ensombrecido por el alza en el precio del petróleo y la incertidumbre respecto a la marcha de la política macroeconómica y las elecciones. La Unión Europea, con su pacto de Estabilidad y Crecimiento, ve limitadas sus posibilidades de adoptar una política fiscal y monetaria más expansiva aunque tiene una inflación muy baja (cerca de 2%) y un muy lento crecimiento económico. En cuanto a Japón, siguen estancadas la inversión y el gasto de consumo. Ello, sumados a su latente deflación, le impide ser uno de los impulsores de la economía mundial. De hecho solamente China y la India están expandiendo sus economías con intensidad y persistencia.
¿Cuál es el panorama en América Latina tras dos décadas de reformas económicas?
La inflación y los déficit fiscales sin duda se corrigieron. Pero, desafortunadamente, además de ello hay poco de que presumir. En América Latina, muchas de sus economías enfrentan situaciones complicadas –incluso algunas de naturaleza fuertemente política. Los tan prometidos beneficios de la apertura comercial y financiera, la renegociación de la deuda y las privatizaciones fueron pocos, y se han agotado. Desde 1998 a 2003, el PIB per cápita de la región ha caído en términos reales, los niveles de pobreza son mayores que en 1980, y los cocientes de inversión en promedio oscilan por debajo del 20%, un nivel insuficiente como para inducir un crecimiento sólido y sostenido, a tasas de 5% y 6% reales que tanto urge a la región. Si bien se espera que en 2004 haya un repunte considerable en el ritmo de expansión de la región, en un horizonte de mediano plazo la restricción externa limita fuertemente las capacidades de crecimiento sostenido. Las elasticidades ingreso de las importaciones se elevaron de manera considerable y al parecer persistente, lo que presiona la disponibilidad de divisas en períodos de repunte. Más aun, salvo las remesas, el flujo de divisas y capitales del exterior ha perdido ímpetu.
Muchos economistas hablan de que hacen falta reformas estructurales de “segunda generación” ¿Cree usted que dichas reformas sean la clave para retomar el crecimiento económico en Latinoamérica?
La idea de que hay un cotinuum lineal de reformas que hay que implementar secuencialmente me parece errada. De hecho podría argumentarse que las llamadas de primera generación han producido algunas severas distorsiones en la asignación de recursos que han dejado más frágiles a las economías de la región. Así, por ejemplo, la apertura irrestricta de las cuentas de capitales en mercados muy concentrados y cuya regulación y supervisión tenía severas fallas acentuó la dependencia y vulnerabilidad de diversas economías de la región a los tan volátiles flujos de capital de corto plazo. Las economías de Latinoamérica enfrentan un problema serio de competitividad que no se resolverá ni liberalizando ciertos sectores estratégicos (como el energético), ni con más tratados comerciales. Ha quedado demostrado en la experiencia regional que a mayor crecimiento económico, mayor comercio. Pero no necesariamente al revés, es decir las exportaciones aunque han repuntado notablemente, no logran impulsar al resto de la economía pues tienen muy débiles encadenamientos con el resto del aparato productivo. Probablemente la única reforma que sí es urgente, pero no suficiente, es la fiscal. La carga tributaria en la región es demasiado baja. Para encontrar la senda de crecimiento elevado de largo plazo urgen recursos fiscales mucho mayores, así como políticas que ayuden a innovar más, a fin de dejar de depender de bajos salarios para competir en el mercado internacional.
¿Y la Inversión Extranjera Directa (IED), puede ser la llave del desarrollo para América Latina?
La IED tiene ventajas para los países receptores, ya que alivia la restricción externa al proveer recursos frescos de divisas e indirectamente abrir mercados externos, aligera la restricción presupuestal liberando recursos locales para la formación de capital. Se espera que además promueva la innovación y adopción de mejores prácticas. Sin embargo, tiene el riesgo de romper las cadenas productivas con la economía interna, y eliminar la capacidad de innovación local. Más aún desde la crisis asiática -y el fin de las grandes privatizaciones- la IED a la región ha caído fuertemente. Así, por sí misma, no es una panacea para un crecimiento económico sólido y sostenido. Citando un informe de la UNCTAD: “La contribución de la IED a la formación de capital, al progreso técnico y al crecimiento (no es automática sino que…) depende de manera crucial de las políticas que se adopten en los países huéspedes en relación a los inversionistas extranjeros y locales”.
¿Qué pueden hacer los gobiernos de países en desarrollo para garantizar el impacto positivo y duradero de la IED?
Deben reconocer que no sólo se trata de más, sino también de mejor inversión, por lo que es importante una política selectiva orientada a canalizar recursos a sectores prioritarios o con fuerte potencial de impulsar el crecimiento y la generación de valor agregado. Punto importante es estimular una gran reinversión de utilidades. Además, es necesario tomar en cuenta el entorno microeconómico profundizando los encadenamientos productivos locales, promoviendo la difusión tecnológica y la innovación, mejorando la calificación de la mano de obra y fomentando el desarrollo de empresas locales. Y, sobre todo, una política de inversión efectiva debe tener un componente importante de inversión pública.
¿Qué papel ha jugado la falta de inversión en el estancamiento económico de América Latina?
Fundamental. Las políticas y reformas instrumentadas desde finales de los ochenta han llevado a una caída de la inversión pública que en general no ha sido compensada por la inversión privada (salvo por la IED en algunos países y algunos periodos). La inversión ha sido principalmente para construcción residencial, y mucho menos para ampliar y modernizar la maquinaria y equipo. La inversión es un factor clave para explicar la diferencia en el desempeño económico entre Latinoamérica y el sureste de Asia. Cuando uno observa la inversión de países como China y la India, se encuentra con coeficientes de formación de capital fijo cercanos al 30% o 35%, mientras que en nuestra región tienen diez o quince puntos menos. Se puede concluir que sin una nueva agenda de desarrollo, enfocada a rescatar la noción de procurar un crecimiento elevado, sostenido y estable –con una renovada responsabilidad e intervención del sector público en la economía, ni las reformas estructurales de segunda o tercera generación, ni la IED serán por si mismas la formula para seguir adelante, y corregir el severo rezago de la región.
Entrevista con Juan Carlos Moreno Brid, asesor regional de la CEPAL
Agencia de Información Solidaria 9 de septiembre de 2004
Tras dos décadas de reformas económicas en América Latina, aparte de las correcciones de la inflación y los déficit fiscales, de poco se puede presumir. Es la valoración que Juan Carlos Moreno Brid, asesor regional en la subsede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en México DF, hace del panorama económico latinoamericano. Las soluciones apuntadas: inversión y reformas estructurales para la región. Sin embargo, para Moreno Brid no es suficiente: “la Inversión Extranjera Directa (IED) por sí misma no es una panacea para un crecimiento económico sólido y sostenido”.
¿Cuál es su valoración del estado de la economía mundial?
La economía mundial es, en estos momentos, como un avión de tres motores en el que sólo funciona uno, y con dificultades. Esos tres motores son Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, de los cuales, sólo Estados Unidos tiene un desempeño más bien dinámico, aunque ensombrecido por el alza en el precio del petróleo y la incertidumbre respecto a la marcha de la política macroeconómica y las elecciones. La Unión Europea, con su pacto de Estabilidad y Crecimiento, ve limitadas sus posibilidades de adoptar una política fiscal y monetaria más expansiva aunque tiene una inflación muy baja (cerca de 2%) y un muy lento crecimiento económico. En cuanto a Japón, siguen estancadas la inversión y el gasto de consumo. Ello, sumados a su latente deflación, le impide ser uno de los impulsores de la economía mundial. De hecho solamente China y la India están expandiendo sus economías con intensidad y persistencia.
¿Cuál es el panorama en América Latina tras dos décadas de reformas económicas?
La inflación y los déficit fiscales sin duda se corrigieron. Pero, desafortunadamente, además de ello hay poco de que presumir. En América Latina, muchas de sus economías enfrentan situaciones complicadas –incluso algunas de naturaleza fuertemente política. Los tan prometidos beneficios de la apertura comercial y financiera, la renegociación de la deuda y las privatizaciones fueron pocos, y se han agotado. Desde 1998 a 2003, el PIB per cápita de la región ha caído en términos reales, los niveles de pobreza son mayores que en 1980, y los cocientes de inversión en promedio oscilan por debajo del 20%, un nivel insuficiente como para inducir un crecimiento sólido y sostenido, a tasas de 5% y 6% reales que tanto urge a la región. Si bien se espera que en 2004 haya un repunte considerable en el ritmo de expansión de la región, en un horizonte de mediano plazo la restricción externa limita fuertemente las capacidades de crecimiento sostenido. Las elasticidades ingreso de las importaciones se elevaron de manera considerable y al parecer persistente, lo que presiona la disponibilidad de divisas en períodos de repunte. Más aun, salvo las remesas, el flujo de divisas y capitales del exterior ha perdido ímpetu.
Muchos economistas hablan de que hacen falta reformas estructurales de “segunda generación” ¿Cree usted que dichas reformas sean la clave para retomar el crecimiento económico en Latinoamérica?
La idea de que hay un cotinuum lineal de reformas que hay que implementar secuencialmente me parece errada. De hecho podría argumentarse que las llamadas de primera generación han producido algunas severas distorsiones en la asignación de recursos que han dejado más frágiles a las economías de la región. Así, por ejemplo, la apertura irrestricta de las cuentas de capitales en mercados muy concentrados y cuya regulación y supervisión tenía severas fallas acentuó la dependencia y vulnerabilidad de diversas economías de la región a los tan volátiles flujos de capital de corto plazo. Las economías de Latinoamérica enfrentan un problema serio de competitividad que no se resolverá ni liberalizando ciertos sectores estratégicos (como el energético), ni con más tratados comerciales. Ha quedado demostrado en la experiencia regional que a mayor crecimiento económico, mayor comercio. Pero no necesariamente al revés, es decir las exportaciones aunque han repuntado notablemente, no logran impulsar al resto de la economía pues tienen muy débiles encadenamientos con el resto del aparato productivo. Probablemente la única reforma que sí es urgente, pero no suficiente, es la fiscal. La carga tributaria en la región es demasiado baja. Para encontrar la senda de crecimiento elevado de largo plazo urgen recursos fiscales mucho mayores, así como políticas que ayuden a innovar más, a fin de dejar de depender de bajos salarios para competir en el mercado internacional.
¿Y la Inversión Extranjera Directa (IED), puede ser la llave del desarrollo para América Latina?
La IED tiene ventajas para los países receptores, ya que alivia la restricción externa al proveer recursos frescos de divisas e indirectamente abrir mercados externos, aligera la restricción presupuestal liberando recursos locales para la formación de capital. Se espera que además promueva la innovación y adopción de mejores prácticas. Sin embargo, tiene el riesgo de romper las cadenas productivas con la economía interna, y eliminar la capacidad de innovación local. Más aún desde la crisis asiática -y el fin de las grandes privatizaciones- la IED a la región ha caído fuertemente. Así, por sí misma, no es una panacea para un crecimiento económico sólido y sostenido. Citando un informe de la UNCTAD: “La contribución de la IED a la formación de capital, al progreso técnico y al crecimiento (no es automática sino que…) depende de manera crucial de las políticas que se adopten en los países huéspedes en relación a los inversionistas extranjeros y locales”.
¿Qué pueden hacer los gobiernos de países en desarrollo para garantizar el impacto positivo y duradero de la IED?
Deben reconocer que no sólo se trata de más, sino también de mejor inversión, por lo que es importante una política selectiva orientada a canalizar recursos a sectores prioritarios o con fuerte potencial de impulsar el crecimiento y la generación de valor agregado. Punto importante es estimular una gran reinversión de utilidades. Además, es necesario tomar en cuenta el entorno microeconómico profundizando los encadenamientos productivos locales, promoviendo la difusión tecnológica y la innovación, mejorando la calificación de la mano de obra y fomentando el desarrollo de empresas locales. Y, sobre todo, una política de inversión efectiva debe tener un componente importante de inversión pública.
¿Qué papel ha jugado la falta de inversión en el estancamiento económico de América Latina?
Fundamental. Las políticas y reformas instrumentadas desde finales de los ochenta han llevado a una caída de la inversión pública que en general no ha sido compensada por la inversión privada (salvo por la IED en algunos países y algunos periodos). La inversión ha sido principalmente para construcción residencial, y mucho menos para ampliar y modernizar la maquinaria y equipo. La inversión es un factor clave para explicar la diferencia en el desempeño económico entre Latinoamérica y el sureste de Asia. Cuando uno observa la inversión de países como China y la India, se encuentra con coeficientes de formación de capital fijo cercanos al 30% o 35%, mientras que en nuestra región tienen diez o quince puntos menos. Se puede concluir que sin una nueva agenda de desarrollo, enfocada a rescatar la noción de procurar un crecimiento elevado, sostenido y estable –con una renovada responsabilidad e intervención del sector público en la economía, ni las reformas estructurales de segunda o tercera generación, ni la IED serán por si mismas la formula para seguir adelante, y corregir el severo rezago de la región.
Las enfermedades del consumo (mayo 2004)
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 22 de mayo de 2004
En Estados Unidos hay más coches privados que personas con permiso de conducir, las viviendas nuevas eran 38% más grandes en 2002 que en 1975 a pesar de haberse reducido el número de personas que las habitan y tanto el número como el tamaño de los frigoríficos por hogar ha aumentado continuamente desde hace treinta años. Sin embargo, el porcentaje de la población norteamericana que se considera "muy feliz" es el mismo que en 1957, cuando su riqueza era la mitad que ahora. Esto se debe, según el informe anual del WorldWatch Institute (WWI), a que los niveles de consumo que ha alcanzado la sociedad estadounidense, lejos de contribuir a un mayor bienestar y satisfacción, generan una serie de "males" o "enfermedades del consumo" que son altamente perjudiciales.
Un claro ejemplo de dichas enfermedades es el tabaquismo; los gastos médicos y las pérdidas de productividad relacionadas con el tabaco le costaron a Estados Unidos 150.000 millones de dólares -casi 1,5 veces los ingresos de las cinco mayores multinacionales tabaqueras ese mismo año. La obesidad es otro claro ejemplo, se calcula que el 65% de la población adulta estadounidense tiene exceso de peso o es obesa, lo que supone una pérdida anual de 300.000 vidas y unos costes sanitarios de cientos de miles de millones de dólares.
Según el Índice de Salud Social creado por la Universidad de Fordham y que toma en cuenta aspectos como los suicidios en menores de 20 años, la salud de la sociedad en su conjunto se ha deteriorado constantemente en los últimos 30 años. Otros males sociales incluyen el descenso de la asociación en organizaciones legales, una menor disposición para participar en reuniones e incluso una disminución de las relaciones sociales más informales como jugar a las cartas con los vecinos o salir de excursión.
Tres características de la sociedad americana actual pueden explicar en gran medida el descenso en la participación ciudadana y la convivencia social: la falta de tiempo, la dispersión de las viviendas y el número de horas que se pasan frente a la televisión. Según el WWI, estos tres aspectos están relacionados con el consumo: la falta de tiempo está vinculada a menudo con la necesidad de trabajar muchas horas -los norteamericanos trabajan 9 semanas al año más que los europeos- para poder consumir más; la dispersión urbana presupone una enorme dependencia del coche y el deseo de viviendas y propiedades más grandes; y las horas de televisión contribuyen a promover el consumo a través de la publicidad y de una programación que idealiza el estilo de vida consumista.
A pesar de que se suele considerar el mayor consumo como un aspecto positivo para la economía, ya que genera una mayor producción y por tanto crecimiento económico, el consumismo también acarrea aspectos económicos negativos. Se calcula que el endeudamiento de los consumidores estadounidenses está creciendo al doble de la velocidad de sus ingresos. Los créditos impagados en EEUU se han triplicado durante las dos últimas décadas, hasta alcanzar 1,8 billones de dólares en 2003 (tres veces el PIB de México) y el porcentaje de titulares de tarjetas de crédito cuyo saldo mensual no alcanza para pagar su crédito es del 61%. Además, la deuda media de las tarjetas de crédito superó en el año 2002 los 12.000 dólares mensuales, cifra que equivale al ingreso per cápita anual de países como Grecia o Portugal.
Estos problemas, sumados al más conocido subproducto del consumismo -la degradación ambiental-, no han impedido que los patrones de consumo estadounidenses sigan constituyendo el paradigma de "la vida buena" y se intenten imitar no sólo en otros países desarrollados, sino por una pujante "clase consumidora" en los países en vías de desarrollo formada por 800 millones de personas. Esto constituye una situación preocupante e insostenible que lleva a reflexionar sobre la necesidad de derrotar al consumismo como ideología dominante en el mundo. En palabras de Christopher Flavin, director del WWI, "sería insensato subestimar el reto que supone intentar frenar la avalancha del consumo, pero a medida que aumentan los costes de nuestra desmedida avidez, cada vez es más evidente la necesidad de respuestas innovadoras. A la larga, la satisfacción de las necesidades humanas, la mejora de la salud y el mantenimiento del mundo natural exigirá que controlemos el consumo, en lugar de que el consumo nos controle a nosotros".
En Estados Unidos hay más coches privados que personas con permiso de conducir, las viviendas nuevas eran 38% más grandes en 2002 que en 1975 a pesar de haberse reducido el número de personas que las habitan y tanto el número como el tamaño de los frigoríficos por hogar ha aumentado continuamente desde hace treinta años. Sin embargo, el porcentaje de la población norteamericana que se considera "muy feliz" es el mismo que en 1957, cuando su riqueza era la mitad que ahora. Esto se debe, según el informe anual del WorldWatch Institute (WWI), a que los niveles de consumo que ha alcanzado la sociedad estadounidense, lejos de contribuir a un mayor bienestar y satisfacción, generan una serie de "males" o "enfermedades del consumo" que son altamente perjudiciales.
Un claro ejemplo de dichas enfermedades es el tabaquismo; los gastos médicos y las pérdidas de productividad relacionadas con el tabaco le costaron a Estados Unidos 150.000 millones de dólares -casi 1,5 veces los ingresos de las cinco mayores multinacionales tabaqueras ese mismo año. La obesidad es otro claro ejemplo, se calcula que el 65% de la población adulta estadounidense tiene exceso de peso o es obesa, lo que supone una pérdida anual de 300.000 vidas y unos costes sanitarios de cientos de miles de millones de dólares.
Según el Índice de Salud Social creado por la Universidad de Fordham y que toma en cuenta aspectos como los suicidios en menores de 20 años, la salud de la sociedad en su conjunto se ha deteriorado constantemente en los últimos 30 años. Otros males sociales incluyen el descenso de la asociación en organizaciones legales, una menor disposición para participar en reuniones e incluso una disminución de las relaciones sociales más informales como jugar a las cartas con los vecinos o salir de excursión.
Tres características de la sociedad americana actual pueden explicar en gran medida el descenso en la participación ciudadana y la convivencia social: la falta de tiempo, la dispersión de las viviendas y el número de horas que se pasan frente a la televisión. Según el WWI, estos tres aspectos están relacionados con el consumo: la falta de tiempo está vinculada a menudo con la necesidad de trabajar muchas horas -los norteamericanos trabajan 9 semanas al año más que los europeos- para poder consumir más; la dispersión urbana presupone una enorme dependencia del coche y el deseo de viviendas y propiedades más grandes; y las horas de televisión contribuyen a promover el consumo a través de la publicidad y de una programación que idealiza el estilo de vida consumista.
A pesar de que se suele considerar el mayor consumo como un aspecto positivo para la economía, ya que genera una mayor producción y por tanto crecimiento económico, el consumismo también acarrea aspectos económicos negativos. Se calcula que el endeudamiento de los consumidores estadounidenses está creciendo al doble de la velocidad de sus ingresos. Los créditos impagados en EEUU se han triplicado durante las dos últimas décadas, hasta alcanzar 1,8 billones de dólares en 2003 (tres veces el PIB de México) y el porcentaje de titulares de tarjetas de crédito cuyo saldo mensual no alcanza para pagar su crédito es del 61%. Además, la deuda media de las tarjetas de crédito superó en el año 2002 los 12.000 dólares mensuales, cifra que equivale al ingreso per cápita anual de países como Grecia o Portugal.
Estos problemas, sumados al más conocido subproducto del consumismo -la degradación ambiental-, no han impedido que los patrones de consumo estadounidenses sigan constituyendo el paradigma de "la vida buena" y se intenten imitar no sólo en otros países desarrollados, sino por una pujante "clase consumidora" en los países en vías de desarrollo formada por 800 millones de personas. Esto constituye una situación preocupante e insostenible que lleva a reflexionar sobre la necesidad de derrotar al consumismo como ideología dominante en el mundo. En palabras de Christopher Flavin, director del WWI, "sería insensato subestimar el reto que supone intentar frenar la avalancha del consumo, pero a medida que aumentan los costes de nuestra desmedida avidez, cada vez es más evidente la necesidad de respuestas innovadoras. A la larga, la satisfacción de las necesidades humanas, la mejora de la salud y el mantenimiento del mundo natural exigirá que controlemos el consumo, en lugar de que el consumo nos controle a nosotros".
Elecciones y descontento social en República Dominicana (Mayo 2004)
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 14 de mayo de 2004
El domingo 16 de mayo, la República Dominicana celebra elecciones presidenciales en medio de una de las peores crisis económicas de su historia. Las encuestas dan una amplia ventaja al ex presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre el actual mandatario, Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que busca ser el primer presidente que sale reelegido en periodos consecutivos en la historia del país. Si ninguno de los candidatos obtuviera el 50% más uno de los votos, está prevista una segunda vuelta para el 27 de junio.
Durante la segunda mitad de los años 90, República Dominicana experimentó un acelerado crecimiento económico en lo que se llegó a llamar "el milagro del Caribe". Este crecimiento se basó en una mayor inserción en la economía internacional (particularmente a través del turismo, las ensambladoras en zonas libres de impuestos y las remesas de migrantes), en parte gracias a la expansión de la economía de EEUU y los bajos precios del petróleo que caracterizaron esos años. Sin embargo, al igual que en otros países de la región, el crecimiento económico tuvo un impacto limitado en el empleo y las condiciones de vida de la población fuera de las dos principales ciudades y las zonas turísticas. La persistencia de los problemas sociales y el beneficio de sólo algunos sectores fueron determinantes para que en el año 2000, Hipólito Mejía saliera electo en primera vuelta, apoyado en una plataforma electoral que hacía énfasis en la inclusión de las clases más desfavorecidas.
Las dificultades económicas comenzaron en 1999 cuando el precio del petróleo comenzó a subir (República Dominicana depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas). Más tarde, la desaceleración de la economía estadounidense, la caída de la demanda por servicios turísticos tras los atentados del 11 de septiembre y la disminución de los flujos de inversión extranjera agravaron la situación. Estos problemas se reflejaron en una desaceleración del crecimiento económico que, sin embargo, continuó siendo mayor que la media regional. El detonador de la crisis actual fue la quiebra, en mayo de 2003, del Banco Intercontinental o Baninter, el segundo mayor del país. El banco cayó en la insolvencia resultado de un fraude perpetrado por sus propietarios, que desde 1989 llevaban una contabilidad paralela en la que registraban operaciones irregulares que incluían préstamos a sí mismos. Tras la quiebra de Baninter y otros dos bancos más pequeños, el peso dominicano se depreció, la inflación se disparó y el Estado se vio abocado a negociar un préstamo de 600 millones de dólares con el FMI que apenas serviría para cubrir el costo del rescate bancario.
El estallido de la crisis llevó a la movilización de distintos grupos sociales que salieron a las calles para protestar por las políticas del Gobierno, la negociación con el FMI y los continuos cortes de energía eléctrica (que son comunes desde la privatización de la electricidad en 1999). Las primeras manifestaciones en julio del año pasado dejaron 10 muertos por disparos de la policía. Ocho fallecidos más y cientos de sindicalistas presos, se contabilizarían aún en las huelgas generales en noviembre de 2003 y enero de 2004.
Además de ser criticado por su gestión de la crisis, el presidente Hipólito Mejía ha sido acusado de utilizar dinero del erario público. Primero para comprar a los legisladores que votaron a favor de modificar la Constitución para hacer posible su reelección y más tarde para favorecer a sus clientelas para afrontar las elecciones. El descontento social y la impopularidad del presidente han sido aprovechados por la oposición para culpar de todos los males al actual Gobierno y a su candidato, Leonel Fernández, para posicionarse como el salvador del país, al recordar que durante su mandato presidencial (1996-2000), República Dominicana vivió una gran bonanza económica. De hecho, las últimas encuestas dan al PLD de Fernández un 54% de sufragios frente a un 27% del PRD, casi asegurando que el ex presidente saldrá electo en primera vuelta.
Aunque es cierto que durante el mandato de Leonel Fernández la economía tuvo un crecimiento importante, es evidente que la actual crisis y el descontento social hunden sus raíces en un modelo económico sumamente vulnerable a los factores externos y que se consolidó durante esos años. Por otro lado, tanto Mejía como Fernández han sido acusados de recibir favores de los dueños de Baninter, por lo que resulta difícil de creer que las anteriores administraciones no se percataran del fraude que ahí se estaba fraguando. Por tanto, los electores dominicanos acudirán a las urnas para escoger entre dos líderes que tienen responsabilidades que asumir por la actual situación y que deberían rendir cuentas antes de ser candidatos a dirigir el país una vez más. El caso dominicano ilustra que la alternancia en el poder no es suficiente y que aún resta un largo camino que recorrer para que los países latinoamericanos puedan convertirse en verdaderas democracias.
El domingo 16 de mayo, la República Dominicana celebra elecciones presidenciales en medio de una de las peores crisis económicas de su historia. Las encuestas dan una amplia ventaja al ex presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre el actual mandatario, Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que busca ser el primer presidente que sale reelegido en periodos consecutivos en la historia del país. Si ninguno de los candidatos obtuviera el 50% más uno de los votos, está prevista una segunda vuelta para el 27 de junio.
Durante la segunda mitad de los años 90, República Dominicana experimentó un acelerado crecimiento económico en lo que se llegó a llamar "el milagro del Caribe". Este crecimiento se basó en una mayor inserción en la economía internacional (particularmente a través del turismo, las ensambladoras en zonas libres de impuestos y las remesas de migrantes), en parte gracias a la expansión de la economía de EEUU y los bajos precios del petróleo que caracterizaron esos años. Sin embargo, al igual que en otros países de la región, el crecimiento económico tuvo un impacto limitado en el empleo y las condiciones de vida de la población fuera de las dos principales ciudades y las zonas turísticas. La persistencia de los problemas sociales y el beneficio de sólo algunos sectores fueron determinantes para que en el año 2000, Hipólito Mejía saliera electo en primera vuelta, apoyado en una plataforma electoral que hacía énfasis en la inclusión de las clases más desfavorecidas.
Las dificultades económicas comenzaron en 1999 cuando el precio del petróleo comenzó a subir (República Dominicana depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas). Más tarde, la desaceleración de la economía estadounidense, la caída de la demanda por servicios turísticos tras los atentados del 11 de septiembre y la disminución de los flujos de inversión extranjera agravaron la situación. Estos problemas se reflejaron en una desaceleración del crecimiento económico que, sin embargo, continuó siendo mayor que la media regional. El detonador de la crisis actual fue la quiebra, en mayo de 2003, del Banco Intercontinental o Baninter, el segundo mayor del país. El banco cayó en la insolvencia resultado de un fraude perpetrado por sus propietarios, que desde 1989 llevaban una contabilidad paralela en la que registraban operaciones irregulares que incluían préstamos a sí mismos. Tras la quiebra de Baninter y otros dos bancos más pequeños, el peso dominicano se depreció, la inflación se disparó y el Estado se vio abocado a negociar un préstamo de 600 millones de dólares con el FMI que apenas serviría para cubrir el costo del rescate bancario.
El estallido de la crisis llevó a la movilización de distintos grupos sociales que salieron a las calles para protestar por las políticas del Gobierno, la negociación con el FMI y los continuos cortes de energía eléctrica (que son comunes desde la privatización de la electricidad en 1999). Las primeras manifestaciones en julio del año pasado dejaron 10 muertos por disparos de la policía. Ocho fallecidos más y cientos de sindicalistas presos, se contabilizarían aún en las huelgas generales en noviembre de 2003 y enero de 2004.
Además de ser criticado por su gestión de la crisis, el presidente Hipólito Mejía ha sido acusado de utilizar dinero del erario público. Primero para comprar a los legisladores que votaron a favor de modificar la Constitución para hacer posible su reelección y más tarde para favorecer a sus clientelas para afrontar las elecciones. El descontento social y la impopularidad del presidente han sido aprovechados por la oposición para culpar de todos los males al actual Gobierno y a su candidato, Leonel Fernández, para posicionarse como el salvador del país, al recordar que durante su mandato presidencial (1996-2000), República Dominicana vivió una gran bonanza económica. De hecho, las últimas encuestas dan al PLD de Fernández un 54% de sufragios frente a un 27% del PRD, casi asegurando que el ex presidente saldrá electo en primera vuelta.
Aunque es cierto que durante el mandato de Leonel Fernández la economía tuvo un crecimiento importante, es evidente que la actual crisis y el descontento social hunden sus raíces en un modelo económico sumamente vulnerable a los factores externos y que se consolidó durante esos años. Por otro lado, tanto Mejía como Fernández han sido acusados de recibir favores de los dueños de Baninter, por lo que resulta difícil de creer que las anteriores administraciones no se percataran del fraude que ahí se estaba fraguando. Por tanto, los electores dominicanos acudirán a las urnas para escoger entre dos líderes que tienen responsabilidades que asumir por la actual situación y que deberían rendir cuentas antes de ser candidatos a dirigir el país una vez más. El caso dominicano ilustra que la alternancia en el poder no es suficiente y que aún resta un largo camino que recorrer para que los países latinoamericanos puedan convertirse en verdaderas democracias.
Consenso de Monterrey: dos años de promesas incumplidas (Marzo 2004)
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 18 de marzo de 2004
El próximo 22 de marzo se cumple el segundo aniversario de la adopción del Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en la ciudad mexicana del mismo nombre. Organizada bajo el liderazgo de Naciones Unidas, esta conferencia (en la que participaron 50 jefes de Estado y de Gobierno, más de 200 ministros, líderes del sector privado y la sociedad civil, así como directivos de las principales organizaciones internacionales) pretendía marcar un nuevo rumbo en la cooperación internacional para el desarrollo al fijar compromisos específicos para todos los actores involucrados.
Los gobiernos de los países en desarrollo se comprometieron a llevar a cabo reformas que permitieran movilizar recursos domésticos: combatir la corrupción, poner en marcha políticas macroeconómicas coherentes y recaudar impuestos más eficientemente, entre otras. Sin embargo no se fijaron metas concretas, de manera que es muy difícil analizar el avance que se ha tenido en este ámbito.
Por su parte, los representantes del sector privado adquirieron el compromiso de aumentar la magnitud y alcance, así como disminuir la vulnerabilidad de los flujos financieros privados (inversión extranjera directa, inversiones en carteras y préstamos bancarios).
Finalmente, tanto las instituciones financieras internacionales, como los representantes de los países desarrollados, se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que los beneficios del comercio internacional llegaran hasta los países pobres, aumentar la ayuda oficial al desarrollo y aliviar la carga de la deuda externa.
Además, adquirieron el compromiso de reformar el sistema monetario, financiero y de comercio a escala global para tener una mayor coherencia, aumentar la participación del mundo en desarrollo en la toma de decisiones y dar un mayor papel a las Naciones Unidas.
Aunque fue recibida con escepticismo por los sectores más críticos de la globalización, la Conferencia de Monterrey marcó un hito histórico ya que fue la primera vez que representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil y sector privado se reunieron en un mismo foro para discutir asuntos de la economía global.
Además, se superó la visión de los países pobres como receptores pasivos de la caridad de los países ricos al reconocerlos como socios iguales en el proceso de desarrollo.
De esta manera, el Consenso de Monterrey abría una ventana de esperanza al marcar una agenda exhaustiva con los pasos a seguir para asignar los recursos económicos orientados a superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos.
Aunque dos años no son tiempo suficiente para hacer una evaluación definitiva, los resultados hasta el momento son decepcionantes. En 2003, por séptimo año consecutivo, se registraron transferencias netas negativas de los países ricos a los países pobres. Es decir, que el flujo de recursos sigue siendo inverso al que plantea el Consenso de Monterrey: los países pobres financian el desarrollo de los países ricos. Lo anterior resulta incomprensible, ya que como lo plantea el secretario general de la ONU: "Los fondos deberían estar fluyendo de los países desarrollados a las naciones en desarrollo, podrían promover la inversión y el crecimiento, o ser utilizados para construir escuelas y hospitales, en lugar de ser transferidos al extranjero".
Para explicar dicho estado de la cuestión, basta con analizar qué ha sucedido en algunos de los ámbitos señalados por el Consenso. La inversión extranjera directa hacia países en desarrollo ha caído un 25% en los últimos dos años, además de que el 65% de los flujos se concentra en sólo siete países; la ayuda oficial al desarrollo aumentó ligeramente tras los compromisos hechos en Monterrey, pero alcanza apenas el 0,26% del PIB de los países donantes (muy lejos del 0,7% requerido); tras 8 años de la puesta en marcha del programa HIPC, (siglas en inglés para Países Pobres Altamente Endeudados) de los 41 países participantes sólo ocho han comenzado a beneficiarse de reducciones limitadas en su nivel de endeudamiento; y por último, el estancamiento en las negociaciones sobre comercio y desarrollo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha impedido que los países subdesarrollados se beneficien realmente del comercio internacional.
Llevar a cabo la agenda delineada en el Consenso de Monterrey aún representa una valiosa oportunidad para que todos los actores implicados asuman la responsabilidad que les toca en el proceso de desarrollo internacional. Cuántos años más transcurrirán para comenzar a hacerlo sigue siendo una incógnita, pero cada día de incumplimiento representa la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de miles de millones de personas sometidas a la pobreza, el hambre y las enfermedades.
El próximo 22 de marzo se cumple el segundo aniversario de la adopción del Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en la ciudad mexicana del mismo nombre. Organizada bajo el liderazgo de Naciones Unidas, esta conferencia (en la que participaron 50 jefes de Estado y de Gobierno, más de 200 ministros, líderes del sector privado y la sociedad civil, así como directivos de las principales organizaciones internacionales) pretendía marcar un nuevo rumbo en la cooperación internacional para el desarrollo al fijar compromisos específicos para todos los actores involucrados.
Los gobiernos de los países en desarrollo se comprometieron a llevar a cabo reformas que permitieran movilizar recursos domésticos: combatir la corrupción, poner en marcha políticas macroeconómicas coherentes y recaudar impuestos más eficientemente, entre otras. Sin embargo no se fijaron metas concretas, de manera que es muy difícil analizar el avance que se ha tenido en este ámbito.
Por su parte, los representantes del sector privado adquirieron el compromiso de aumentar la magnitud y alcance, así como disminuir la vulnerabilidad de los flujos financieros privados (inversión extranjera directa, inversiones en carteras y préstamos bancarios).
Finalmente, tanto las instituciones financieras internacionales, como los representantes de los países desarrollados, se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que los beneficios del comercio internacional llegaran hasta los países pobres, aumentar la ayuda oficial al desarrollo y aliviar la carga de la deuda externa.
Además, adquirieron el compromiso de reformar el sistema monetario, financiero y de comercio a escala global para tener una mayor coherencia, aumentar la participación del mundo en desarrollo en la toma de decisiones y dar un mayor papel a las Naciones Unidas.
Aunque fue recibida con escepticismo por los sectores más críticos de la globalización, la Conferencia de Monterrey marcó un hito histórico ya que fue la primera vez que representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil y sector privado se reunieron en un mismo foro para discutir asuntos de la economía global.
Además, se superó la visión de los países pobres como receptores pasivos de la caridad de los países ricos al reconocerlos como socios iguales en el proceso de desarrollo.
De esta manera, el Consenso de Monterrey abría una ventana de esperanza al marcar una agenda exhaustiva con los pasos a seguir para asignar los recursos económicos orientados a superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos.
Aunque dos años no son tiempo suficiente para hacer una evaluación definitiva, los resultados hasta el momento son decepcionantes. En 2003, por séptimo año consecutivo, se registraron transferencias netas negativas de los países ricos a los países pobres. Es decir, que el flujo de recursos sigue siendo inverso al que plantea el Consenso de Monterrey: los países pobres financian el desarrollo de los países ricos. Lo anterior resulta incomprensible, ya que como lo plantea el secretario general de la ONU: "Los fondos deberían estar fluyendo de los países desarrollados a las naciones en desarrollo, podrían promover la inversión y el crecimiento, o ser utilizados para construir escuelas y hospitales, en lugar de ser transferidos al extranjero".
Para explicar dicho estado de la cuestión, basta con analizar qué ha sucedido en algunos de los ámbitos señalados por el Consenso. La inversión extranjera directa hacia países en desarrollo ha caído un 25% en los últimos dos años, además de que el 65% de los flujos se concentra en sólo siete países; la ayuda oficial al desarrollo aumentó ligeramente tras los compromisos hechos en Monterrey, pero alcanza apenas el 0,26% del PIB de los países donantes (muy lejos del 0,7% requerido); tras 8 años de la puesta en marcha del programa HIPC, (siglas en inglés para Países Pobres Altamente Endeudados) de los 41 países participantes sólo ocho han comenzado a beneficiarse de reducciones limitadas en su nivel de endeudamiento; y por último, el estancamiento en las negociaciones sobre comercio y desarrollo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha impedido que los países subdesarrollados se beneficien realmente del comercio internacional.
Llevar a cabo la agenda delineada en el Consenso de Monterrey aún representa una valiosa oportunidad para que todos los actores implicados asuman la responsabilidad que les toca en el proceso de desarrollo internacional. Cuántos años más transcurrirán para comenzar a hacerlo sigue siendo una incógnita, pero cada día de incumplimiento representa la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de miles de millones de personas sometidas a la pobreza, el hambre y las enfermedades.
Una globalización más justa: difícil pero no imposible (Marzo 2004)
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 12 de marzo de 2004
A menudo se atribuye al conjunto de fenómenos conocidos como globalización que -al haber propiciado una mayor interdependencia mundial y una mayor libertad para el intercambio de información, bienes, servicios y capitales- se haya abierto la posibilidad de obtener grandes beneficios económicos a todos aquellos que se inserten en la economía internacional. Sin embargo, cuando se evalúan los efectos de la globalización algunas de sus ventajas teóricas parecen atenuarse. Según el informe de la Comisión Mundial Para la Dimensión Social de la Globalización, presentado en Londres el pasado 24 de febrero, el crecimiento del PIB global fue de apenas un 0,08 por ciento, y en términos per cápita sólo 16 países en desarrollo lograron crecer a una tasa mayor al 3 por ciento entre 1985 y 2000. Lo anterior ha provocado el aumento de la brecha de ingresos entre países, ya que el PIB por persona promedio de los más ricos ha pasado de representar 54 veces el de los más pobres, en 1960, a 121, en 2002. Datos como éstos llevan a dicha Comisión a señalar la necesidad de replantear con urgencia las políticas e instituciones a nivel mundial con el fin de lograr una globalización más justa e integradora.
Las recomendaciones formuladas en el informe “Por una globalización más justa: crear oportunidades para todos”, van dirigidas hacia dos objetivos centrales: conseguir Estados más efectivos (con capacidad para proporcionar una protección social adecuada y responder a objetivos tanto sociales como económicos) y una mejor gobernanza global (con normas más justas que se apliquen equitativamente y organismos internacionales más representativos y democráticos que rindan cuentas ante la gente con mayor coherencia política). Se reconoce que estos objetivos son ambiciosos, pero viables, ya que los recursos y medios necesarios existen y se hace hincapié en que no se proponen soluciones milagrosas ni sencillas porque no existen.
Durante sus dos años de trabajo la Comisión llevó a cabo diálogos y debates en 20 países con el fin de que círculos empresariales, laborales y representantes de la sociedad civil tuvieran la oportunidad de expresar sus puntos de vista. En el informe se señala que, a pesar de la variedad de opiniones, se encontró un común denominador en las preocupaciones acerca del empleo. Dichos temores se corresponden con las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las que el porcentaje de desempleo a nivel global del año pasado es el más alto jamás registrado, la “economía informal” sigue aumentando en los países con bajo crecimiento del PIB y el número de “trabajadores pobres” a nivel mundial se mantiene constante.
Con base en esta evidencia, la Comisión señala que el empleo no ha recibido la prioridad debida a nivel mundial y recomienda que el “trabajo decente para todos” se convierta en un objetivo global a conseguir a través de políticas complementarias en los ámbitos nacional e internacional. En el terreno estatal, los gobiernos deberían buscar políticas macroeconómicas con el objetivo de crear empleos en su seno; y en el internacional los organismos competentes -Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio- deberían trabajar de manera coordinada con la OIT para adoptar “iniciativas de coherencia política”, la primera de las cuales debería abordar la cuestión del crecimiento global, la inversión y la creación de empleo. Partiendo de esa base, se podrían desarrollar iniciativas similares para tratar otros aspectos sociales, como la migración, identificada como otra preocupación recurrente en los sondeos realizados.
Ante una coyuntura internacional en que el debate público sobre la globalización se ha convertido en un diálogo de sordos tras el estancamiento de negociaciones internacionales clave y el frecuente incumplimiento de compromisos internacionales en materia de desarrollo, la Comisión pretende enviar un mensaje crítico, pero positivo, que permita acabar con el actual impasse “centrándose en las preocupaciones y aspiraciones de la gente y en las distintas maneras de aprovechar mejor las posibilidades que brinda la propia globalización”.
La dimensión social de la globalización es aquélla que afecta a la vida diaria de la gente y, si no se atienden los desequilibrios actuales, el mundo se enfrenta a una disyuntiva claramente expresada por la Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, y el Presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, copresidentes de la Comisión: “Podemos intentar solucionar el déficit de gobernanza global que existe en el mundo actual, garantizar la rendición de cuentas y adoptar políticas coherentes que forjen el camino hacia una globalización justa y equitativa, tanto dentro de los países como entre ellos, o podemos dar rodeos y dejar que el mundo se vea sumido en nuevas espirales de inseguridad, problemas políticos, conflictos y guerras”.
A menudo se atribuye al conjunto de fenómenos conocidos como globalización que -al haber propiciado una mayor interdependencia mundial y una mayor libertad para el intercambio de información, bienes, servicios y capitales- se haya abierto la posibilidad de obtener grandes beneficios económicos a todos aquellos que se inserten en la economía internacional. Sin embargo, cuando se evalúan los efectos de la globalización algunas de sus ventajas teóricas parecen atenuarse. Según el informe de la Comisión Mundial Para la Dimensión Social de la Globalización, presentado en Londres el pasado 24 de febrero, el crecimiento del PIB global fue de apenas un 0,08 por ciento, y en términos per cápita sólo 16 países en desarrollo lograron crecer a una tasa mayor al 3 por ciento entre 1985 y 2000. Lo anterior ha provocado el aumento de la brecha de ingresos entre países, ya que el PIB por persona promedio de los más ricos ha pasado de representar 54 veces el de los más pobres, en 1960, a 121, en 2002. Datos como éstos llevan a dicha Comisión a señalar la necesidad de replantear con urgencia las políticas e instituciones a nivel mundial con el fin de lograr una globalización más justa e integradora.
Las recomendaciones formuladas en el informe “Por una globalización más justa: crear oportunidades para todos”, van dirigidas hacia dos objetivos centrales: conseguir Estados más efectivos (con capacidad para proporcionar una protección social adecuada y responder a objetivos tanto sociales como económicos) y una mejor gobernanza global (con normas más justas que se apliquen equitativamente y organismos internacionales más representativos y democráticos que rindan cuentas ante la gente con mayor coherencia política). Se reconoce que estos objetivos son ambiciosos, pero viables, ya que los recursos y medios necesarios existen y se hace hincapié en que no se proponen soluciones milagrosas ni sencillas porque no existen.
Durante sus dos años de trabajo la Comisión llevó a cabo diálogos y debates en 20 países con el fin de que círculos empresariales, laborales y representantes de la sociedad civil tuvieran la oportunidad de expresar sus puntos de vista. En el informe se señala que, a pesar de la variedad de opiniones, se encontró un común denominador en las preocupaciones acerca del empleo. Dichos temores se corresponden con las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las que el porcentaje de desempleo a nivel global del año pasado es el más alto jamás registrado, la “economía informal” sigue aumentando en los países con bajo crecimiento del PIB y el número de “trabajadores pobres” a nivel mundial se mantiene constante.
Con base en esta evidencia, la Comisión señala que el empleo no ha recibido la prioridad debida a nivel mundial y recomienda que el “trabajo decente para todos” se convierta en un objetivo global a conseguir a través de políticas complementarias en los ámbitos nacional e internacional. En el terreno estatal, los gobiernos deberían buscar políticas macroeconómicas con el objetivo de crear empleos en su seno; y en el internacional los organismos competentes -Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio- deberían trabajar de manera coordinada con la OIT para adoptar “iniciativas de coherencia política”, la primera de las cuales debería abordar la cuestión del crecimiento global, la inversión y la creación de empleo. Partiendo de esa base, se podrían desarrollar iniciativas similares para tratar otros aspectos sociales, como la migración, identificada como otra preocupación recurrente en los sondeos realizados.
Ante una coyuntura internacional en que el debate público sobre la globalización se ha convertido en un diálogo de sordos tras el estancamiento de negociaciones internacionales clave y el frecuente incumplimiento de compromisos internacionales en materia de desarrollo, la Comisión pretende enviar un mensaje crítico, pero positivo, que permita acabar con el actual impasse “centrándose en las preocupaciones y aspiraciones de la gente y en las distintas maneras de aprovechar mejor las posibilidades que brinda la propia globalización”.
La dimensión social de la globalización es aquélla que afecta a la vida diaria de la gente y, si no se atienden los desequilibrios actuales, el mundo se enfrenta a una disyuntiva claramente expresada por la Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, y el Presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, copresidentes de la Comisión: “Podemos intentar solucionar el déficit de gobernanza global que existe en el mundo actual, garantizar la rendición de cuentas y adoptar políticas coherentes que forjen el camino hacia una globalización justa y equitativa, tanto dentro de los países como entre ellos, o podemos dar rodeos y dejar que el mundo se vea sumido en nuevas espirales de inseguridad, problemas políticos, conflictos y guerras”.
Las expectativas frustradas del libre comercio (Enero 2004)
Las expectativas frustradas del libre comercio
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 1ero de enero de 2004
Las luces y sombras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su décimo aniversario. El 1º de enero se cumplen 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México por el que se creó la zona de libre intercambio de bienes y servicios más grande del mundo. Para México, el TLCAN representaba la joya de la corona de un proceso de reformas orientadas a modernizar la economía y abrirla al exterior. El Tratado generó grandes expectativas, no sólo de beneficios económicos, sino también sociales. Tanto dentro como fuera del país, políticos, empresarios y economistas pronosticaban que el aumento de las exportaciones y la entrada de flujos de inversión extranjera crearían empleos de forma masiva y harían subir los salarios de modo que se lograría una disminución de la pobreza, la distribución más equitativa del ingreso y la reducción de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Durante los noventa, el caso de México fue utilizado ampliamente como ejemplo de éxito de la apertura económica ya que, a pesar de la crisis de 1994-1995, las exportaciones y los flujos de inversión extranjera directa tuvieron un crecimiento espectacular. En 2000, México pasó a ser el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Sin embargo, con la caída de la economía de Estados Unidos, el panorama de los tres últimos años ha sido muy diferente. En 2003, México ha registrado una caída en su PIB por tercer año consecutivo, algo inédito en las últimas dos décadas. La inversión extranjera directa se ha reducido drásticamente, al grado de que las remesas de trabajadores mexicanos en Estados Unidos se han convertido en la principal fuente de divisas para el país. A esto se suma que el crecimiento de las exportaciones se ha frenado y el lugar de México como segundo socio comercial del vecino del norte ahora es ocupado por China.
En lo social el balance es sombrío, ya que los impresionantes beneficios económicos obtenidos hasta 2000 no se tradujeron en una mejora significativa de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Según las cifras más conservadoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza en ámbito nacional era técnicamente el mismo que en 1994, mientras que había aumentado en las zonas rurales. La pobreza es un fenómeno tan complejo y en el que inciden tantos factores, que no se podría afirmar que el TLCAN la haya aumentado, pero sí que no ha contribuido a disminuirla. En cuanto a la distribución del ingreso, éste se ha deteriorado significativamente. Entre 1994 y 2000, la participación del 80% de la población en el ingreso total cayó para situarse en un 16.6%, mientras que ocurrió lo contrario para el 20% de mayores ingresos. En el año 2000, el 10% más rico acaparaba casi la mitad del ingreso. En cuanto al flujo de emigrantes, durante la década de los noventa creció vertiginosamente, de manera que la población mexicana censada en Estados Unidos pasó de 4,5 millones en 1990 a 8,5 en 2000.
El agotamiento del éxito económico del TLCAN se debe, además de a la desaceleración de la economía estadounidense, al surgimiento de China como competidor, tanto hacia el mercado norteamericano como hacia las inversiones extranjeras, y a que la política macroeconómica seguida por el Banco de México ha generado un tipo de cambio sobrevaluado que resta competitividad a las exportaciones mexicanas. Se podría decir que tras la devaluación de 1994-1995, México se benefició del abaratamiento de sus productos de exportación, pero no aprovechó la coyuntura para desarrollar las capacidades que le permitieran ofrecer algo más que maquilas baratas producidas con salarios bajos, por lo que incluso con la recuperación prevista de la economía de Estados Unidos, la economía podría continuar estancada.
En cuanto al fracaso social, se puede explicar en primer lugar porque los empleos generados por el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera directa no compensaron los empleos perdidos por el incremento de las importaciones y el desmantelamiento de un gran número de cadenas productivas locales. Por otro lado, las nuevas exportaciones provinieron de sectores que demandaban poca mano de obra no cualificada, por lo que los salarios reales de la mayoría de la población cayeron, mientras que los de los trabajadores cualificados aumentaron, lo que explica el estancamiento de la pobreza y el aumento en la desigualdad de ingresos.
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 1ero de enero de 2004
Las luces y sombras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su décimo aniversario. El 1º de enero se cumplen 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México por el que se creó la zona de libre intercambio de bienes y servicios más grande del mundo. Para México, el TLCAN representaba la joya de la corona de un proceso de reformas orientadas a modernizar la economía y abrirla al exterior. El Tratado generó grandes expectativas, no sólo de beneficios económicos, sino también sociales. Tanto dentro como fuera del país, políticos, empresarios y economistas pronosticaban que el aumento de las exportaciones y la entrada de flujos de inversión extranjera crearían empleos de forma masiva y harían subir los salarios de modo que se lograría una disminución de la pobreza, la distribución más equitativa del ingreso y la reducción de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Durante los noventa, el caso de México fue utilizado ampliamente como ejemplo de éxito de la apertura económica ya que, a pesar de la crisis de 1994-1995, las exportaciones y los flujos de inversión extranjera directa tuvieron un crecimiento espectacular. En 2000, México pasó a ser el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Sin embargo, con la caída de la economía de Estados Unidos, el panorama de los tres últimos años ha sido muy diferente. En 2003, México ha registrado una caída en su PIB por tercer año consecutivo, algo inédito en las últimas dos décadas. La inversión extranjera directa se ha reducido drásticamente, al grado de que las remesas de trabajadores mexicanos en Estados Unidos se han convertido en la principal fuente de divisas para el país. A esto se suma que el crecimiento de las exportaciones se ha frenado y el lugar de México como segundo socio comercial del vecino del norte ahora es ocupado por China.
En lo social el balance es sombrío, ya que los impresionantes beneficios económicos obtenidos hasta 2000 no se tradujeron en una mejora significativa de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Según las cifras más conservadoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza en ámbito nacional era técnicamente el mismo que en 1994, mientras que había aumentado en las zonas rurales. La pobreza es un fenómeno tan complejo y en el que inciden tantos factores, que no se podría afirmar que el TLCAN la haya aumentado, pero sí que no ha contribuido a disminuirla. En cuanto a la distribución del ingreso, éste se ha deteriorado significativamente. Entre 1994 y 2000, la participación del 80% de la población en el ingreso total cayó para situarse en un 16.6%, mientras que ocurrió lo contrario para el 20% de mayores ingresos. En el año 2000, el 10% más rico acaparaba casi la mitad del ingreso. En cuanto al flujo de emigrantes, durante la década de los noventa creció vertiginosamente, de manera que la población mexicana censada en Estados Unidos pasó de 4,5 millones en 1990 a 8,5 en 2000.
El agotamiento del éxito económico del TLCAN se debe, además de a la desaceleración de la economía estadounidense, al surgimiento de China como competidor, tanto hacia el mercado norteamericano como hacia las inversiones extranjeras, y a que la política macroeconómica seguida por el Banco de México ha generado un tipo de cambio sobrevaluado que resta competitividad a las exportaciones mexicanas. Se podría decir que tras la devaluación de 1994-1995, México se benefició del abaratamiento de sus productos de exportación, pero no aprovechó la coyuntura para desarrollar las capacidades que le permitieran ofrecer algo más que maquilas baratas producidas con salarios bajos, por lo que incluso con la recuperación prevista de la economía de Estados Unidos, la economía podría continuar estancada.
En cuanto al fracaso social, se puede explicar en primer lugar porque los empleos generados por el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera directa no compensaron los empleos perdidos por el incremento de las importaciones y el desmantelamiento de un gran número de cadenas productivas locales. Por otro lado, las nuevas exportaciones provinieron de sectores que demandaban poca mano de obra no cualificada, por lo que los salarios reales de la mayoría de la población cayeron, mientras que los de los trabajadores cualificados aumentaron, lo que explica el estancamiento de la pobreza y el aumento en la desigualdad de ingresos.
Poverty from the perspective of Latin American Women (September 2003)
Poverty from the perspective of Latin American Women
AIS - 09/23/2003
Translation. Helga Heidrich Coorditrad
The expectations and norms widely accepted in society about masculine
and feminine conduct, role and characteristics in general lead to a
minor access of women to the economical resources and to
decision-making authority, which in turn leads to an unequal balance
in favour of men in gender relationships. According to the report of
the United Nations Population Fund (UNFPA) under the title "The State
of World Population 2002" the number of women living in poverty is
worldwide higher than that of men, and this disparity has increased
in the last decade, besides the further increase of disparity
regarding health and education amongst the poor.
In Latin America the situation isn't much different, but there are
some peculiarities worth to be analysed. On past August 25, the UN
Economic Commission for Latin America and the Caribbean presented its
annual report about the Social Panorama of the region, dedicating in
this edition a chapter to the relationship between Poverty and Gender.
The main revelation of this study is that Latin American women,
contrary to what happens in the rest of the developing world, have a
higher education level that men, but, in the same measure as in the
rest of the world, they are poorer.
According to this document, Latin American women have reached higher
educational levels than men, and women in the workforce average have
more years of education. Nonetheless they suffer more from severe
unemployment, from wage discrimination and from restricted working
hours than men. During the 1900s, the index of women's participation
in the workforce rose more quickly than men's. But while male
unemployment rates rose by 2.9 percentage points from 1990 to 1999,
female rates raised by 6.1%. This leads to the fact that more women
than men live in poverty and that the female household heads have less
monetary income than men, both in poor and in higher income
households. Besides this, single parent households, mostly headed by
women, also suffer from additional disadvantages associated with the
lack of recognition to unremunerated domestic work, which is socially
ignored.
In households where women count on their own income, their
contribution stands for the basis of the familiar sustenance, and
according to the analysis, poverty would raise by 10 points in at
least 8 countries of the region if it were not for female monetary
contributions. In contrast to this fact the percentage of incomeless
women is twice as high in urban areas and three times as high in rural
areas compared to men in the same situation.
Furthermore, the report points out that in the majority of Latin
American countries a "slow and uneven evolution of female
participation in both elected and political decision-making posts" can
be observed. Facing this situation, it gets clear that governments
have to take measures of positive action in order to grant women the
exertion of their rights, their access to productive resources and to
eliminate every form of discrimination in the world of labour and
politics as an indispensable condition to overcome poverty. On the
other hand, policies against poverty should foster the harmonisation
between household and reproductive tasks with men and women's labour
lives, including childcare and parent leave in favour of masculine
participation in familiar life.
Unfortunately, there are only few regional programmes that include
this kind of focus on their projects. To give an example, the
grandiloquent Plan Puebla - Panama, conceived as the "hinge" of
development in the south-southeast of Mexico and of the countries of
the Central American isthmus, doesn't include any element to provide
gender equity and for its formulation and didn't try any kind of approach
to women representing organizations. It is worth mentioning that the
committee members indicated by each country to participate in the
Plan's Executive Commission are all male.
AIS - 09/23/2003
Translation. Helga Heidrich Coorditrad
The expectations and norms widely accepted in society about masculine
and feminine conduct, role and characteristics in general lead to a
minor access of women to the economical resources and to
decision-making authority, which in turn leads to an unequal balance
in favour of men in gender relationships. According to the report of
the United Nations Population Fund (UNFPA) under the title "The State
of World Population 2002" the number of women living in poverty is
worldwide higher than that of men, and this disparity has increased
in the last decade, besides the further increase of disparity
regarding health and education amongst the poor.
In Latin America the situation isn't much different, but there are
some peculiarities worth to be analysed. On past August 25, the UN
Economic Commission for Latin America and the Caribbean presented its
annual report about the Social Panorama of the region, dedicating in
this edition a chapter to the relationship between Poverty and Gender.
The main revelation of this study is that Latin American women,
contrary to what happens in the rest of the developing world, have a
higher education level that men, but, in the same measure as in the
rest of the world, they are poorer.
According to this document, Latin American women have reached higher
educational levels than men, and women in the workforce average have
more years of education. Nonetheless they suffer more from severe
unemployment, from wage discrimination and from restricted working
hours than men. During the 1900s, the index of women's participation
in the workforce rose more quickly than men's. But while male
unemployment rates rose by 2.9 percentage points from 1990 to 1999,
female rates raised by 6.1%. This leads to the fact that more women
than men live in poverty and that the female household heads have less
monetary income than men, both in poor and in higher income
households. Besides this, single parent households, mostly headed by
women, also suffer from additional disadvantages associated with the
lack of recognition to unremunerated domestic work, which is socially
ignored.
In households where women count on their own income, their
contribution stands for the basis of the familiar sustenance, and
according to the analysis, poverty would raise by 10 points in at
least 8 countries of the region if it were not for female monetary
contributions. In contrast to this fact the percentage of incomeless
women is twice as high in urban areas and three times as high in rural
areas compared to men in the same situation.
Furthermore, the report points out that in the majority of Latin
American countries a "slow and uneven evolution of female
participation in both elected and political decision-making posts" can
be observed. Facing this situation, it gets clear that governments
have to take measures of positive action in order to grant women the
exertion of their rights, their access to productive resources and to
eliminate every form of discrimination in the world of labour and
politics as an indispensable condition to overcome poverty. On the
other hand, policies against poverty should foster the harmonisation
between household and reproductive tasks with men and women's labour
lives, including childcare and parent leave in favour of masculine
participation in familiar life.
Unfortunately, there are only few regional programmes that include
this kind of focus on their projects. To give an example, the
grandiloquent Plan Puebla - Panama, conceived as the "hinge" of
development in the south-southeast of Mexico and of the countries of
the Central American isthmus, doesn't include any element to provide
gender equity and for its formulation and didn't try any kind of approach
to women representing organizations. It is worth mentioning that the
committee members indicated by each country to participate in the
Plan's Executive Commission are all male.
La pobreza desde el punto de vista de la mujer latinoamericana (Septiembre 2003)
La pobreza desde el punto de vista de la mujer latinoamericana
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 19 de septiembre de 2003
Por lo general, las expectativas y normas ampliamente aceptadas en una sociedad acerca de la conducta, el rol y las características masculinas y femeninas, resultan en un menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y a la autoridad para tomar decisiones, lo cual resulta en un balance desigual en las relaciones de género que favorece a los hombres. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población titulado “El Estado de la Población Mundial 2002”, a nivel mundial, el número de mujeres que viven en la pobreza es mayor que el de hombres, y esta disparidad ha aumentado en el pasado decenio, además de que se están ampliando las disparidades de género en materia de salud y de educación entre los pobres.
En América Latina la situación no es muy diferente, aunque existen particularidades que vale la pena analizar. El pasado 25 de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), presentó su informe anual sobre el panorama social de la región, que en esta edición dedica un capítulo a la relación entre Pobreza y Género. El principal hallazgo de dicho estudio es que las mujeres latinoamericanas, por contra a lo que pasa en el resto del mundo en desarrollo, tienen un mayor nivel de educación que los hombres, pero al igual que en el resto del globo, son más pobres.
De acuerdo con este documento, las latinoamericanas han alcanzado niveles de escolaridad superiores a los hombres y las mujeres activas tienen, en promedio, más años de instrucción. Pero ellas sufren con mayor severidad el desempleo, la discriminación salarial y las restricciones de tiempo. Durante los años noventa, la tasa de actividad económica de las mujeres creció a un mayor ritmo que la masculina. Pero mientras las tasas de desempleo masculino se incrementaron en 2,9 puntos porcentuales entre 1990 y 1999, las de las mujeres lo han hecho en 6,1%. Esto resulta en que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. Aunado a esto, los hogares monoparentales, encabezados en su mayor parte por mujeres, se ven afectados también por otras desventajas vinculadas con la falta de valoración del trabajo doméstico no remunerado, que no recibe reconocimiento social.
En los hogares en los que las mujeres cuentan con ingresos propios, su participación significa la base del sustento familiar, de hecho, según los análisis realizados, la pobreza aumentaría en 10 puntos por lo menos en 8 países de la región si no se contara con su aporte monetario. Este hecho contrasta con que el porcentaje de las mujeres sin ingresos propios es el doble en las zonas urbanas y el triple en las rurales que el de los hombres en la misma situación.
Además, el informe señala que en la mayoría de los países latinoamericanos se observa una “lenta y volátil evolución de la participación de las mujeres tanto en puestos electivos como en aquellos de decisión política”. Ante esta evidencia, se muestra que los gobiernos deben formular medidas de acción positiva que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos, su acceso a los recursos productivos y que eliminen toda forma de discriminación en el mundo laboral y político como condición indispensable para superar la pobreza. Por otro lado, las políticas contra la pobreza deben fomentar la armonización de las tareas domésticas y reproductivas con la vida laboral de hombres y mujeres, incluyendo desde servicios de cuidado infantil hasta permisos parentales que favorezcan la participación masculina en la vida familiar.
Desafortunadamente, existen pocos programas regionales que incorporen este tipo de enfoque en sus proyectos. Por poner un ejemplo, el grandilocuente Plan Puebla - Panamá, concebido como el “eje” del desarrollo del sur - sureste de México y los países del Istmo Centroamericano, no incorpora ningún elemento para la consecución de la equidad de género y en su formulación no se mantuvo ningún acercamiento con organizaciones de representación de la mujer. Cabe mencionar que los comisionados nombrados por cada país para integrar la Comisión Ejecutiva del Plan son todos hombres.
Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 19 de septiembre de 2003
Por lo general, las expectativas y normas ampliamente aceptadas en una sociedad acerca de la conducta, el rol y las características masculinas y femeninas, resultan en un menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y a la autoridad para tomar decisiones, lo cual resulta en un balance desigual en las relaciones de género que favorece a los hombres. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población titulado “El Estado de la Población Mundial 2002”, a nivel mundial, el número de mujeres que viven en la pobreza es mayor que el de hombres, y esta disparidad ha aumentado en el pasado decenio, además de que se están ampliando las disparidades de género en materia de salud y de educación entre los pobres.
En América Latina la situación no es muy diferente, aunque existen particularidades que vale la pena analizar. El pasado 25 de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), presentó su informe anual sobre el panorama social de la región, que en esta edición dedica un capítulo a la relación entre Pobreza y Género. El principal hallazgo de dicho estudio es que las mujeres latinoamericanas, por contra a lo que pasa en el resto del mundo en desarrollo, tienen un mayor nivel de educación que los hombres, pero al igual que en el resto del globo, son más pobres.
De acuerdo con este documento, las latinoamericanas han alcanzado niveles de escolaridad superiores a los hombres y las mujeres activas tienen, en promedio, más años de instrucción. Pero ellas sufren con mayor severidad el desempleo, la discriminación salarial y las restricciones de tiempo. Durante los años noventa, la tasa de actividad económica de las mujeres creció a un mayor ritmo que la masculina. Pero mientras las tasas de desempleo masculino se incrementaron en 2,9 puntos porcentuales entre 1990 y 1999, las de las mujeres lo han hecho en 6,1%. Esto resulta en que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. Aunado a esto, los hogares monoparentales, encabezados en su mayor parte por mujeres, se ven afectados también por otras desventajas vinculadas con la falta de valoración del trabajo doméstico no remunerado, que no recibe reconocimiento social.
En los hogares en los que las mujeres cuentan con ingresos propios, su participación significa la base del sustento familiar, de hecho, según los análisis realizados, la pobreza aumentaría en 10 puntos por lo menos en 8 países de la región si no se contara con su aporte monetario. Este hecho contrasta con que el porcentaje de las mujeres sin ingresos propios es el doble en las zonas urbanas y el triple en las rurales que el de los hombres en la misma situación.
Además, el informe señala que en la mayoría de los países latinoamericanos se observa una “lenta y volátil evolución de la participación de las mujeres tanto en puestos electivos como en aquellos de decisión política”. Ante esta evidencia, se muestra que los gobiernos deben formular medidas de acción positiva que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos, su acceso a los recursos productivos y que eliminen toda forma de discriminación en el mundo laboral y político como condición indispensable para superar la pobreza. Por otro lado, las políticas contra la pobreza deben fomentar la armonización de las tareas domésticas y reproductivas con la vida laboral de hombres y mujeres, incluyendo desde servicios de cuidado infantil hasta permisos parentales que favorezcan la participación masculina en la vida familiar.
Desafortunadamente, existen pocos programas regionales que incorporen este tipo de enfoque en sus proyectos. Por poner un ejemplo, el grandilocuente Plan Puebla - Panamá, concebido como el “eje” del desarrollo del sur - sureste de México y los países del Istmo Centroamericano, no incorpora ningún elemento para la consecución de la equidad de género y en su formulación no se mantuvo ningún acercamiento con organizaciones de representación de la mujer. Cabe mencionar que los comisionados nombrados por cada país para integrar la Comisión Ejecutiva del Plan son todos hombres.
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