Consenso de Monterrey: dos años de promesas incumplidas (Marzo 2004)

Contribuido a la "Agencia de Informacion Solidaria" el 18 de marzo de 2004

El próximo 22 de marzo se cumple el segundo aniversario de la adopción del Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en la ciudad mexicana del mismo nombre. Organizada bajo el liderazgo de Naciones Unidas, esta conferencia (en la que participaron 50 jefes de Estado y de Gobierno, más de 200 ministros, líderes del sector privado y la sociedad civil, así como directivos de las principales organizaciones internacionales) pretendía marcar un nuevo rumbo en la cooperación internacional para el desarrollo al fijar compromisos específicos para todos los actores involucrados.

Los gobiernos de los países en desarrollo se comprometieron a llevar a cabo reformas que permitieran movilizar recursos domésticos: combatir la corrupción, poner en marcha políticas macroeconómicas coherentes y recaudar impuestos más eficientemente, entre otras. Sin embargo no se fijaron metas concretas, de manera que es muy difícil analizar el avance que se ha tenido en este ámbito.
Por su parte, los representantes del sector privado adquirieron el compromiso de aumentar la magnitud y alcance, así como disminuir la vulnerabilidad de los flujos financieros privados (inversión extranjera directa, inversiones en carteras y préstamos bancarios).

Finalmente, tanto las instituciones financieras internacionales, como los representantes de los países desarrollados, se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que los beneficios del comercio internacional llegaran hasta los países pobres, aumentar la ayuda oficial al desarrollo y aliviar la carga de la deuda externa.
Además, adquirieron el compromiso de reformar el sistema monetario, financiero y de comercio a escala global para tener una mayor coherencia, aumentar la participación del mundo en desarrollo en la toma de decisiones y dar un mayor papel a las Naciones Unidas.

Aunque fue recibida con escepticismo por los sectores más críticos de la globalización, la Conferencia de Monterrey marcó un hito histórico ya que fue la primera vez que representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil y sector privado se reunieron en un mismo foro para discutir asuntos de la economía global.
Además, se superó la visión de los países pobres como receptores pasivos de la caridad de los países ricos al reconocerlos como socios iguales en el proceso de desarrollo.
De esta manera, el Consenso de Monterrey abría una ventana de esperanza al marcar una agenda exhaustiva con los pasos a seguir para asignar los recursos económicos orientados a superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos.

Aunque dos años no son tiempo suficiente para hacer una evaluación definitiva, los resultados hasta el momento son decepcionantes. En 2003, por séptimo año consecutivo, se registraron transferencias netas negativas de los países ricos a los países pobres. Es decir, que el flujo de recursos sigue siendo inverso al que plantea el Consenso de Monterrey: los países pobres financian el desarrollo de los países ricos. Lo anterior resulta incomprensible, ya que como lo plantea el secretario general de la ONU: "Los fondos deberían estar fluyendo de los países desarrollados a las naciones en desarrollo, podrían promover la inversión y el crecimiento, o ser utilizados para construir escuelas y hospitales, en lugar de ser transferidos al extranjero".

Para explicar dicho estado de la cuestión, basta con analizar qué ha sucedido en algunos de los ámbitos señalados por el Consenso. La inversión extranjera directa hacia países en desarrollo ha caído un 25% en los últimos dos años, además de que el 65% de los flujos se concentra en sólo siete países; la ayuda oficial al desarrollo aumentó ligeramente tras los compromisos hechos en Monterrey, pero alcanza apenas el 0,26% del PIB de los países donantes (muy lejos del 0,7% requerido); tras 8 años de la puesta en marcha del programa HIPC, (siglas en inglés para Países Pobres Altamente Endeudados) de los 41 países participantes sólo ocho han comenzado a beneficiarse de reducciones limitadas en su nivel de endeudamiento; y por último, el estancamiento en las negociaciones sobre comercio y desarrollo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha impedido que los países subdesarrollados se beneficien realmente del comercio internacional.

Llevar a cabo la agenda delineada en el Consenso de Monterrey aún representa una valiosa oportunidad para que todos los actores implicados asuman la responsabilidad que les toca en el proceso de desarrollo internacional. Cuántos años más transcurrirán para comenzar a hacerlo sigue siendo una incógnita, pero cada día de incumplimiento representa la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de miles de millones de personas sometidas a la pobreza, el hambre y las enfermedades.

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